[Tony Oswaldo CAPCHA PINEDO]

La PARTICIPACIÓN CIUDADANA INFLUYE EN LAS ESTRATEGIAS NACIONALES DEL PLANEAMIENTO
Dicho de otro modo, la participación ciudadana, es un mecanismo democrático para elaborar el PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL, para cuyo efecto se hace necesario que la participación ciudadana tenga un marco regulatorio (Base jurídica reglamentaria), nivel organizacional con jurisdicción territorial, nivel de priorización para ejecución presupuestal, y nivel de Gestión pública de los recursos que dispone.
En el orden señalado, y al amparo de la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Presupuesto participativo y Ley de los Derechos de Participación y Control ciudadano -Ley Nro. 26300, considero que para que la PARTICIPACIÓN CIUDADANA, tenga éxito en la implementación de estrategias a nivel nacional, debe cumplir con las siguientes características:
1.- BASE JURÍDICA REGULATORIA
La organización social requiere de una reglamentación de la legislación sobre la materia a efectos de poder explotar los beneficios de la participación y no quede en simple asistencia a una reunión improductiva. A lo largo de las ejecuciones presupuestales realizadas en los 30 años, se advierte un vacío democrático en la aprobación de los presupuestos públicos, en la priorización de obras y servicios de interés social, como señala mi compañero Bazán Colqui, porque, la “administración pública restringe el derecho de participación ciudadana”, simulando un foro democrático que acaba en una simple reunión sin objeto del sujeto, sin voz ni voto.
La base jurídica regulatoria se justifica para reglamentar las formas de participación ciudadana, sus requisitos de validez e invalidez, incluyéndose en esta los alcances de la Ley de la Consulta Previa.
En consecuencia, para fortalecer la PARTICIPACIÓN CIUDADANA en el desarrollo nacional, se debe aclarar y precisar en una norma reglamentaria que organizaciones pueden ejercer ese derecho, porque no se trata de cualquier organización, están limitados la participación de militares, policías, extranjeros no residentes, sindicatos de funcionarios públicos. Porque equivocadamente hoy en día los gobiernos locales han cedido inconstitucionalmente parte de sus competencias de regulación de las JUNTAS VECINALES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA) a la Policía Nacional del Perú, confundiendo el papel de las Juntas Vecinales en la Organización y distribución territorial del Municipio; cuyo alcance geográfico o territorial se ha subsumido en una función policial de seguridad ciudadana (de alcance funcional especifico de la policía), conforme así lo señala su Ley Nro. 27933 (organizaciones de apoyo a la policía)

2. NIVEL DE ORGANIZACIÓN
La norma debería precisar que para admitir la participación ciudadana esta debe nacer con una jurisdicción territorial o con una función vinculada a los objetivos y dimensiones del desarrollo nacional.
2.1 Alcance por territorio.- La fracción más pequeña del gobierno regional es un gobierno local distrital o gobierno local delegado (Centro Poblado mayor), en ese mismo orden y atendiendo al objeto y doctrina de la norma (Ley Orgánica de Municipalidades Nro.27972), la unidad representativa de un gobierno local, estaría determinado por un asentamiento humano, un barrio, una urbanización, un caserío, una comunidad campesina o comunidad indígena. Organizaciones que a su vez, siendo diferentes, poseen en común una JUNTA VECINAL que los representa, y que está conformada con la participación ciudadana de residentes en dicha jurisdicción geográfica o territorial.
2.2 Alcance por función.- Otra forma de participación ciudadana sería por la función que desempeña los ciudadanos, como: club académico, club de deportes, asociaciones civiles para el desarrollo, asociaciones de cultores, club de madres, asociación de jóvenes, o colectivos sociales de transparencia y derechos civiles, entre otros.
Se puede decir, que los ciudadanos debidamente organizados y amparados por ley sí podrían con efectividad participar y aportar a la implementación de estrategias nacionales para elaborar el Plan Estratégico Nacional, concertado y socializado.

3. NIVEL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA
Las Juntas vecinales, para ejercer su derecho de participación ciudadana, se organizan, presentan petitorios, iniciativas normativas e iniciativas de proyectos y servicios. Para ello se registran en el Registro de organizaciones sociales de la Municipalidad a la cual pertenece su jurisdicción territorial

4. NIVEL DE PRIORIZACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
La priorización de la ejecución presupuestal a nivel delegado, local y regional está previsto en la norma; además, el control ciudadano de la ejecución presupuestal y rendición de cuentas se encuentra amparado por la Constitución Política del Perú. Aun estando en la ley, no se cumple, y coincido con Eduardo Polli, que el presupuesto participativo, hoy se encuentra cuestionado por el pueblo, porque tal vez no se ha reglamentado su correcta aplicación, promoviendo prácticas corruptas en su ejecución. Si bien la idea primigenia del legislador fue que organizaciones con jurisdicción territorial, como aquellos específicos por su materia y función social que desempeñan, deberían participar en la elaboración del PRESUPUESTO PÚBLICO y el diseño de estrategias nacionales para priorizar los proyectos sociales, económicos, productivos, gestión de servicios públicos, adquisición de bienes, y desarrollo de actividades de inversión más importantes, la realidad muestra que a nivel regional y local, no se ha cumplido con el objeto social de la norma, aumentando las brechas sociales y el impacto negativo en la sociedad y, por el contrario, las prácticas corruptas para decidir y financiar proyectos de interés particular ha aumentado generando más de 10,000 mil millones de soles en pérdidas anuales al país y perjuicios a la ciudadanía, hecho que dificulta una articulación ciudadana para apoyar a la implementación de estrategias a nivel nacional.

Por las razones expuestas, coincido en parte con mi compañero Carlos Gil Jáuregui, en cuanto a que la participación ciudadana es fundamental con un liderazgo local; pero, no estoy de acuerdo que sea a través de un partido político, porque a la fecha no existen escuelas de formación política en los Partidos o auspiciados por el Estado. Una sociedad civil organizada debe definir el tipo y forma de participación ciudadana, que evite confusiones con objetivos de partidos políticos, intereses criminales, metas particulares de corruptos, como actualmente se está conociendo por información policial, judicial, y de la prensa.

Por tanto, en mi exposición, “Participación ciudadana en la implementación de estrategias a nivel nacional”, coincido con Aldair Vega & Robinson Pretell, en el sentido de la necesidad de información por parte de la ciudadanía; estoy de acuerdo con Ernesto Morales, porque pese a existir CEPLAN, existe escasa capacidad para lograr estrategias nacionales; apoyo el aporte de Kiara Espinoza & Lourdes Teran, cuando la primera señala que el eje sustantivo para el desarrollo, influye en el diseño, decisiones y ejecución de políticas públicas, mientras la siguiente, afirma la necesidad de considerar los derechos humanos en la toma de esas decisiones, las que deben ser oportuna y sustentable; apoyo a Zadith Ruíz cuando pide que los temas y estrategias deben estar definidas; y acepto la afirmación de Marcelino Llontop, para que la participación ciudadana y del estado debe garantizar políticas transparentes; también los aportes de Lucy Cornejo & carla Tineo, cuando ambas coinciden en fortalecer la relación ciudadana – Estado, aunque no precisamente [solo] para priorizar servicios como indica Cornejo; finalmente, comparto el criterio de María Gamero, de propiciar inclusión e integración política y social con el Estado, por la ineficiente gestión regional y local.

En conclusión, la participación ciudadana constituye un elemento esencial para el éxito de la implementación de estrategias a nivel nacional al promover con dirección, propósito, metas, actividades, recursos, la gestión de la inclusión, transparencia con rendición de cuenta, fortalecer la legitimidad, identificar problemas y soluciones, para reducir las brechas sociales y superar desafíos y obstáculos en el desarrollo y crecimiento.